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Costa Rica podría atender temas urgentes con el uso de Bonos de Impacto Social

Dolares

Encontrar soluciones a problemas como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de vivienda o desafíos medioambientales, representan algunos de los principales retos para lograr el desarrollo sostenible en Costa Rica, más aún en un contexto de dificultades económicas y fiscales que hace que los Estados no tengan el dinero suficiente para atender todas las necesidades. Es aquí donde, según expertos internacionales, los Bonos del Impacto Social (BIS) podrían marcar la diferencia para Costa Rica.

Los BIS son un instrumento de financiamiento que permite ejecutar proyectos de desarrollo ofreciendo una tasa de retorno al inversionista, siempre y cuando se logren alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, el Estado busca atender el problema de desempleo en una determinada población, emite un BIS que ofrece una tasa de retorno para quien quiera invertir aportando los recursos (que podría ser el sector privado), luego entre ambos contratan a un proveedor que ejecute el proyecto y a un ente que se encargue de la fiscalización o verificación del cumplimiento de resultados. La intervención se realiza bajo un esquema de pago por resultados.

Recientemente en el evento “Construyendo bases para una economía de impacto en Costa Rica”, diferentes expertos nacionales y extranjeros reflexionaron acerca de las oportunidades que presenta el financiamiento de proyectos a través de esta y otras figuras, en un contexto de desafíos macroeconómicos y de necesidad de reactivación económica.


La actividad contó con la participación de la Ministra de Economía, Industria y Comercio y fue organizado por la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA), el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación ALIARSE.


“Para la Fundación CRUSA, dadas las condiciones que se presentan en el entorno macroeconómico local e internacional, es necesario fomentar una discusión renovada sobre las nuevas alternativas de financiamiento e instrumentos de inversión que consideren no sólo los retornos financieros que permitan continuar apoyando iniciativas de alto valor en el país”, señaló Flora Montealegre, Delegada Ejecutiva de la Fundación CRUSA.


El consultor de Naciones Unidas, Nelson Stratta, señaló que el contexto costarricense presenta un escenario propicio para el impulso a nuevas formas de financiamiento, al existir una confluencia de interés entre el Gobierno, organizaciones cooperantes, financieras y no financieras, así como organizaciones que ejecutan proyectos, para sacar adelante iniciativas que impactan de manera positiva las condiciones de vida, el clima de negocios y la sostenibilidad ambiental a lo largo y ancho del país.


Este tipo de instrumentos de inversión, buscan incrementar la efectividad de la inversión social, la innovación del sector público, promover la flexibilidad para resolver problemáticas sociales y lograr una mejor asignación de los recursos públicos.


El experto colombiano, César Rodríguez, resaltó la experiencia de su país en la implementación de los BIS, como un mecanismo innovador para la atención del desafío de generar empleo en poblaciones muy vulnerables. Señaló que el uso de este instrumento le permitió al sector público contar con mecanismos innovadores de inversión social, que incrementaron la efectividad en el uso de los recursos y generaron aprendizajes para seguir avanzando en la superación de la pobreza de manera integral en el país.


Para Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, la implementación de la Agenda 2030 y la erradicación de la pobreza, la productividad y el crecimiento económico inclusivo son críticos para que Costa Rica fortalezca su democracia y su economía. En este sentido, resulta fundamental poder apoyar el desarrollo de un ecosistema en Costa Rica que facilite nuevas formas de apalancamiento de recursos y fortalecer la eficiencia y los resultados de la gestión del Estado y poder tener cambios positivos en la vida de las mujeres y los hombres, los niños y las niñas. Costa Rica puede, una vez más, liderar en innovación en temas de alianzas público-privadas y consolidar una estrategia financiera sostenible en la que, bajo el liderazgo del Gobierno, participen el sector privado y la sociedad civil para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en el que nadie se quede atrás.


El financiamiento requerido para el desarrollo sostenible y progreso social de Costa Rica excede las actuales posibilidades del sector público y social. Alrededor del mundo, la participación del sector privado y financiero ha permitido que más recursos sean destinados a resolver los más urgentes desafíos sociales y ambientales, acortando la brecha hacia el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esto se puede fortalecer y potenciar a través de una economía que privilegie las inversiones de impacto.

Es este contexto, ALIARSE, la organización promotora de las de alianzas público privadas para el desarrollo, desde el año 2015, diseñó un Bono de Impacto Social en el marco de la alianza Vigilantes del Agua, esquema de pago por resultados, el cual permite reducir los costos del consumo de agua del Ministerio de Educación Público (MEP) al mejorar la eficiencia del consumo de agua de los centros educativos a un costo reducido para el Estado. Esperamos que este y otros esquemas puedan promoverse en el marco de este Consejo Nacional de Inversión de Impacto, indicó Jorge Nowalski, presidente de ALIARSE.


El evento “Construyendo bases para una economía de impacto en Costa Rica” se realizó como parte de un esfuerzo interinstitucional e intersectorial de consolidar un espacio que permita compartir y discutir las oportunidades de la inversión de impacto y el financiamiento mixto para nuestro país. Este proceso busca identificar un portafolio de oportunidades de inversión y una hoja de ruta clara dirigida a detonar este tipo de esquemas.


Dentro de las experiencias compartidas durante el evento el experto costarricense Randall Trejos identificó los actores de una economía de impacto y los mecanismos que les permiten converger en pro del desarrollo sostenible y progreso social. También se abordaron las experiencias de empresas costarricenses que se estructuran como empresas de impacto que generan retorno económico, social y ambiental. Entre ellas se conoció la experiencia de Enertiva, Nahua, Huli y Bhodi Surf & Yoga.


Por último, se abordaron mecanismos y experiencias locales como la trayectoria del Bono de Impacto Social Vigilantes del Agua, los bonos de carbono y el pago de servicios ambientales, los fondos de servicio universal y financiamiento a través de legislación, y la evolución de los modelos de financiamiento asistencial hacia modelos económicamente sostenibles en el caso de la Fundación Banco Ambiental.