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Educación y salud, pilares inconmovibles de la sociedad costarricense

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La sociedad costarricense se ha construido sobre dos grandes e inconmovibles pilares: salud y educación. De manera consecuente, el Estado ha adoptado una política de inversión progresiva en estos campos, con el fin de favorecer el logro de igualdad, equidad, justicia y, en última instancia, asegurar el bienestar de la ciudadanía. La reforma constitucional del artículo 78, que define que en educación estatal “el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto”, debe entenderse como parte de esa política nacional. Por su lado, esta enmienda constitucional protegió la inversión pública en educación superior estatal, al consignar que ese 8% no debe ni puede perjudicar “lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución”.

Así las cosas, al estar obligados a actuar dentro del marco constitucional, el proyecto de ley impulsado por varios diputados y diputadas, con el expediente 20.580, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que pretende incluir, en el artículo 32, la educación profesional, técnica y primera infancia dentro de ese 8%, además de agregar el financiamiento de infraestructura educativa y equipamiento, tendrá como consecuencia obligada el debilitamiento presupuestario de aspectos y niveles de la educación nacional, cuyo fortalecimiento es esencial para impulsar la calidad del sistema educativo en las etapas preuniversitarias, necesidad que ha sido señalada por múltiples estudios, incluyendo el informe de la OCDE.

La sumatoria de todos estos rubros arrojaría muy probablemente un porcentaje superior al 8 %. Para mantenerse dentro de ese límite, y dadas las garantías que protegen el presupuesto de la educación superior pública estatal, sería necesario reducir la inversión en esos otros rubros. No obstante, eso es inaceptable, porque la educación debe desarrollarse en cada una de las diferentes formas que el país lo requiere. Para atender esas necesidades y ser coherentes con nuestros valores constitucionales, es necesario aceptar que la inversión estatal en educación debe ser superior al 8%.

La Universidad de Costa Rica no puede ser indiferente ante iniciativas legislativas de este tipo, pues la calidad de su propia enseñanza y formación depende de la calidad del sistema educativo como un todo. Tampoco puede apoyar iniciativas que como esta perjudican a los sectores más vulnerables de nuestra población y estrechan su horizonte de esperanza de un mayor bienestar individual y colectivo.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector