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Para cerrar la brecha digital es imprescindible replantear los fondos de universalización

Tecnohogar

Eduardo Chomali* | Ejecutivo principal en TIC| CAF

América Latina tiene un largo camino por recorrer. A la fecha, 244 millones de latinoamericanos -el 38% de la población–no tiene acceso a Internet, una cifra que refleja la profunda brecha que ahonda la desigualdad entre quienes tienen acceso inmediato a información y herramientas (para realizar transacciones comerciales, producir o acceder a servicios, por ejemplo) y quienes no lo tienen.

La región deberá hacer grandes esfuerzos para cerrar la brecha digital con los países de la OECD a 2025. Se calcula que la inversión debería ascender a US$160.000 millones, en un escenario en que los retornos sobre dichas inversiones se encuentran bajo mínimos, y la menor oferta o despliegue de redes en zonas apartadas se encuentra ligada al mayor costo de atender los mercados, ya sea debido a barreras o condiciones geográficas como la lejanía de grandes núcleos urbanos o al menor tamaño de los municipios lo que se traduce en ausencia de economías de escala. Desde el punto de vista de la demanda, pese al cumplimiento de los índices de asequibilidad definidos por Naciones Unidas, el acceso a servicios TIC puede suponer hasta el 40% de los ingresos de los hogares de menores recursos.

Cerrar la brecha digital requiere de la coordinación de esfuerzos público-privados que permitan sumar en aquellos sectores en donde los incentivos a la inversión no resultan suficientes. Para tal fin, en la mayoría de países de la región se han establecido fondos de servicio universal, ejecutados través de diversos programas (e.g. Expansión de infraestructura, desarrollo de habilidades digitales, subsidios a dispositivos y terminales o acceso gratuito a Internet en espacios públicos) priorizados que se nutren con los aportes de prestadores de servicios de telecomunicaciones, quienes tienen la obligación de aportar un porcentaje (generalmente entre el 1% y 5%) de la totalidad de los ingresos devengados, salvo en el caso de Chile, donde dicho fondo es financiado vía presupuesto nacional.

De acuerdo a la teoría económica, los fondos de servicio universal son un mecanismo ideal del que se benefician tanto la sociedad como la industria, gracias a la posibilidad de desarrollo de nuevos mercados a la vez que se habilita un acceso más amplio a las oportunidades sociales derivadas de la conectividad. Sin embargo, en la práctica se han obtenido resultados diversos, en muchos casos alejados de los objetivos perseguidos y siendo particularmente cuestionados en términos de su eficiencia (optimización del uso) y eficacia (finalidad).

En este contexto, en el marco del pasado Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, CAF realizó un taller sobre el desarrollo de nuevos mecanismos para el cierre de la brecha digital, que contó con más de 80 asistentes, entre autoridades, ejecutivos del sector privado y representantes de la sociedad civil de Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos.

Sobre el diseño de las políticas públicas y la administración de los fondos de servicio universal se propuso resolver cuellos de botella que permitan administrar con eficiencia los fondos, garantizando condiciones para que los mismos sean reinvertidos en los fines propuestos y no pasen por falta de uso a cubrir programas de los presupuestos generales.

Con relación a mecanismos de inversión, se planteó la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos innovadores que permitan liberar las fuerzas del mercado. Una iniciativa central al respecto será extender el modelo de conectividad rural implementado en Perú, Internet para Todos (IpT), donde una alianza del sector privado (Telefónica, Facebook) y la banca multilateral (BID, CAF), soportadas en un entorno normativo favorable, permitirá expandir las redes de internet móvil a cerca de 30,000 localidades rurales del país y beneficiar a más de 6 millones de personas.

Desde el ámbito regulatorio, se propuso generar incentivos que permitan resolver barreras financieras mediante mecanismos de cumplimiento en el desarrollo de proyectos de expansión de cobertura y despliegue de redes a cambio de reducción en el pago de derechos de acceso a recursos esenciales como el espectro radioeléctrico. También desde la sociedad civil se planteó la oportunidad que supondría validar intereses de la comunidad y permitirle a partir de mecanismos autónomos y sostenibles la administración de recursos de red.

Para fomentar la demanda, además de la oferta de conectividad desde la dimensión de acceso – disponibilidad, como de calidad necesaria para permitir el uso de servicios avanzados, se requiere promover el desarrollo de aplicaciones y contenidos relevantes. Para ello será especialmente importante apalancar las iniciativas de despliegue de infraestructura con la oferta de programas estratégicos como los de inclusión financiera, e-educación, telemedicina y gobierno digital desde los que CAF tiene mucho para aportar.

En definitiva, se concluyó que lograr el cierre de la brecha digital es avanzar hacia la suma de voluntades, ello requiere confianza no sólo entre empresas y Gobiernos, sino también con las comunidades. Resulta imperativo, entonces, repensar el diseño y uso de los fondos de universalización, así como imaginar nuevos mecanismos que apalanquen la inversión en zonas remotas y donde todavía los costos de despliegue y acceso hacen imposible la conectividad de hogares de bajos ingresos. Para profundizar sobre estos aspectos, desde la Agenda Digital de CAF se estará apoyando una investigación que permita comprender el estado de situación de los fondos de servicio universal y explorar mecanismos para que los mismos se conviertan en verdaderos drivers de inversión en pro del desarrollo digital de la región.

*Experto internacional en el ámbito de las telecomunicaciones (tecnologías fijas, móviles y satelitales) y de la Sociedad de la Información, especialmente en América Latina y el Caribe.